Las organizaciones sociales, académicas, sindicales, religiosas y de derechos humanos reunidas en la Mesa de Articulación de Niñez (Entre las que se encuentra el Foro por la Niñez, Che Pibe y Niñez y Territorio, entre otras organizaciones de la Central), estamos interesadas en dar un debate genuino para un nuevo régimen penal juvenil que sea democrático, progresivo en materia de derechos y acorde a los estándares internacionales. En este sentido expresamos nuestra más profunda preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las audiencias en la Cámara de Diputados a instancias del proyecto de ley de nuevo régimen penal juvenil propuesto por el Poder Ejecutivo a principios de este año. En primer lugar nos preocupa que EL DEBATE SE DE EN UN CONTEXTO DE CAMPAÑA ELECTORAL, tal como lo hemos expresado desde vastos sectores preocupados por la niñez, no son momentos propicios para dar debates tan sensibles socialmente y tan importantes para la vida de los adolescentes de nuestro país. En segundo lugar reiteramos que tanto el momento del debate como el texto del proyecto presentado por el Poder ejecutivo NO HA SIDO CONSENSUADO por las organizaciones reunidas en esta mesa, como tampoco lo ha sido por organismos de Derechos humanos nacionales e internacionales como UNICEF que expresó públicamente su desacuerdo y preocupación en la primer audiencia realizada en la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2019. En tercer lugar consideramos que el debate actual es INAPROPIADO e incluso debiera ser considerado NULO en tanto LOS ADOLESCENTES INVOLUCRADOS DE FORMA DIRECTA EN EL MISMO NO TIENEN VOZ en las audiencias, violando el derecho a ser oído previsto en las normas nacionales y tratados internacionales suscriptos por Argentina. Incluso siendo especialmente expresado por la Presidenta de la Comisión Penal cuando desestimó y estigmatizó la presencia de menores de edad en la sala el primer día de audiencias celebrado el martes 9 de abril d 2019. En cuarto lugar nos preocupa que se parta para el debate de un PROYECTO profundamente regresivo como el que presentó el Poder Ejecutivo que expresa una continuidad e incluso retroceso respecto al Decreto Ley 22.278 en temas tales como: edad de punibilidad, tope de condenas, no garantiza el principio de especialidad, no avanza en garantías procesales propias por tratarse de jóvenes adolescentes, no garantiza celeridad en los procesos, limita la remisión para el cierre de los procesos, no prevé penas especializadas para menores de edad priorizando el encierro responsabilizando al niño, niña y/o adolescente del fracaso de las medidas socioeducativas y/o disciplinarias. Al respecto hay otros proyectos con estado parlamentario que contienen letra adecuada a estándares de derechos y que debieran ser considerados en un debate genuino y oportuno a tal fin. Nos alarma que el Poder Legislativo anteponga el debate y el destino de presupuesto para formas del castigo de los adolescentes, siendo que por cifras oficiales el 42% de los menores de edad del país viven bajo la línea de pobreza y el sistema de promoción y protección de derechos, el sistema educativo y el de salud se encuentran desfinanciado en todo el país. NO HAY CONSENSO para debatir en momentos electorales y de este modo sesgado sin la presencia de los adolescentes involucrados de forma directa en los alcances de la norma. NO HAY CONSENSO en la letra del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional.
