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Foto del escritorFundación Hora de Obrar

“Ninguna persona debe ser privada del derecho a decidir”

En el marco del actual debate público la Fundación Protestante Hora de Obrar apoya la plena implementación de la ESI, el acceso gratuito y efectivo a métodos anticonceptivos y la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.


Buenos Aires, 6 de diciembre de 2020. La Fundación Protestante Hora de Obrar comparte un aporte desde la fe protestante para el debate público sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Estas reflexiones surgen del trabajo en derechos sexuales y reproductivos con sectores populares y el relevamiento de permanentes injusticias que sufren mujeres jóvenes en la Argentina.


El documento, que lleva la firma de su presidente Peter Rochón, su secretaria María Esther Norval y el teólogo Jorge Weishein, apoya “la promulgación de una ley que despenalice las prácticas de aborto consentido, dentro de un límite de tiempo hasta de 14 semanas de gestación, que garantice su carácter gratuito, su realización en instituciones públicas, y que contemple un programa previo de contención que ofrezca –sin ejercer coacción sobre la conciencia y la libertad individual– distintas posibilidades para evitar el aborto, en caso que la mujer así lo considere”. Asimismo sostiene el apoyo a la plena implementación de la ESI y el acceso gratuito universal efectivo a métodos anticonceptivos.


El documento brega por la separación de la Iglesia del Estado, el reconocimiento de la igualdad de todas las personas y por la responsabilidad del Estado frente a la salud pública: “La interrupción voluntaria de un embarazo es un drama humano al que la salud pública tiene la responsabilidad de darle una respuesta para evitar la clandestinidad y la muerte, y garantizar la maternidad deseada”. “Ninguna persona debe ser privada del derecho al placer sexual, ni tampoco del derecho a decidir cuándo, cómo y con quién sostener una relación afectiva, así como del derecho a decidir si quiere ser madre.”


En respuesta a expresiones públicas de algunos sectores religiosos, denuncia que son producto de lecturas literales y parciales de la Biblia que: “desconocen la justicia de Dios a favor de una vida digna, justa, saludable y solidaria para todas las personas por igual”. Además hace un llamado de atención al campo religioso “que opera en los distintos países de la región que cuestiona la legitimidad de los gobiernos, la institucionalidad democrática y la soberanía del Estado”.


Con respecto a la objeción de conciencia el pronunciamiento dice que “es un derecho que protege a las personas víctimas del abuso de poder y nunca un recurso para violentar los derechos humanos de personas vulneradas”.




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