Desde la Fundación Protestante Hora de Obrar hacemos propias las palabras de nuestros/as colegas de la Junta Unida de Misiones (JUM) en la provincia de Chaco, institución que acompañamos en su trabajo junto a comunidades indígenas, en tanto espacio ecuménico del que forma parte la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP).
En estas semanas, en las que nos conmocionó la desaparición y posterior comprobación del asesinato de Luis Armando Espinoza a manos de la policía en Tucumán, y el mundo es testigo de la indignación y movilización social contra el racismo institucionalizado en los Estados Unidos a partir del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los hechos de racismo y violencia policial locales nos alarman y nos llaman a alzar nuestra voz solicitando medidas urgentes.
Las imágenes de la brutalidad policial hacia una familia Qom en Fontana el 30 de mayo, con denuncias de tortura y abuso sexual hacia jóvenes bajo custodia del Estado, evidencian la necesidad de una profunda transformación de las dinámicas de discriminación que atraviesan a las instituciones de nuestro país y se hacen especialmente palpables en el trato de las fuerzas de seguridad hacia los sectores más vulnerables económicamente, y con especial virulencia y desprecio hacia los pueblos indígenas.
Como dice el comunicado: “Lamentablemente, no son hechos aislados. La Federación JUM (…) es testigo de sistemáticas violaciones a sus Derechos en la provincia”, en los 56 años que lleva trabajando con los pueblos indígenas. “… se suman a la injusta realidad, que están pasando nuestros hermanos y hermanas no sólo debido a la falta de cobertura de necesidades básicas sino también por enfermedades fruto de la desatención estatal, como el Dengue, Tuberculosis, Chagas y Lepra.”
A la histórica discriminación hacia el pueblo Qom, se suma en esta etapa la estigmatización y culpabilización racista por su supuesta responsabilidad en la propagación del COVID-19; discurso que se replica institucional, mediática y socialmente, y que constituye y genera violencias como las que vimos en Fontana.
Nos sumamos a las exigencias por justicia, esclarecimiento a fondo de los hechos y sus responsables, y tomar todas las medidas necesarias contra el racismo institucionalizado. “La destitución y enjuiciamiento de los policías involucrados no es suficiente. Se deben implementar políticas públicas en todas las instituciones del estado que garanticen los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.”
Por otra parte, es necesario que ante la pandemia del COVID-19 se respete “el derecho a la salud en su total dimensión, como máximo nivel de bienestar psicofísico (…) desde los enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional. Que sean involucrados de manera urgente en la formulación e implementación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención médica, mediante la inclusión de sus entidades representativas.”
Que las palabras de Jesús no sean sólo una promesa, sino también una interpelación en este y en todos los tiempos: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.” (Mateo 25:40)
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