Ilustración: Ana Galvañ
Este documento fue preparado para la Conferencia Global de ACT Alianza sobre América Latina y el Caribe, realizado en Guatemala del 27 al 29 de marzo de 2019. Presenta un análisis de contexto sobre la situación de violencia y derechos humanos que afecta a mujeres, niñas y comunidad LGBTI en la región. Este es un documento complementario de la Declaración de Justicia de Género de la Comunidad de Práctica (CoP) de América Latina y el Caribe de ACT , aprobada por la Asamblea General de ACT en octubre de 2018.
El contenido de este documento se basa en consultas realizadas por el equipo de la Comunidad de Práctica de género de LAC a miembros de ACT que desarrollan acciones para la promoción de los derechos de las mujeres, niñas y comunidad LGBTI+ en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.
Organizaciones miembros de ACT que participaron en la Consulta: CEDEPCA, CIEETS, Christian Aid, CREAS, Diakonia Latinoamérica, Federación Luterana Mundial en Centroamérica, Fundación Hora de Obrar, Koinonia, COMIN - Fundación Luterana de Diaconía.
Contexto regional
Continua el avance de las corrientes fundamentalistas religiosas que junto algunas autoridades e instancias estatales, están obstaculizando avances en derechos humanos de las niñas, las mujeres y la población de la diversidad sexual. Esta situación esta generando afectaciones como:
La desarticulación y desmonte de políticas públicas para la prevención de las violencia contra las mujeres y comunidad LGBTI:
El gobierno de Nicaragua hizo una la reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), que circunscribe el delito de feminicidio solo al que comete un hombre contra una mujer en el ámbito de las relaciones de pareja. Esto ha provocado que muchos asesinatos de mujeres no sean tipificados como feminicidio (2015).
Freno a iniciativa de ley 5376 de “Protección integral, acceso a la justicia y reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas” en Guatemala (2018). La iniciativa de ley 5272 de “Protección a la vida y la familia”, la cual prohibía la educación sexual, endurecía las penas a las mujeres que abortaran, incluyendo los abortos espontáneos que no fueran comprobados y el total desconocimiento de las diversas expresiones de género.
No aprobación de proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina (2018) y ausencia de voluntad política para la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral – ESI (2006) y la obstaculización del Proyecto de Ley para su reforma (2018) que busca eliminar la posibilidad de que los establecimientos educativos adapten la ESI a las convicciones de sus miembros y promueve el respeto de la diversidad, el reconocimiento de la perspectiva de género y el cuidado del cuerpo y la salud. En Argentina, también se está frenando la implementación de La ley de Cupo Laboral Trans (2015).
Fuerte presión de iglesias evangélicas para frenar iniciativas legislativas contra la violación de Derechos de la población LGBTI (LGBTIfobia) en Brasil (2019).
Las objeciones del Gobierno a la Jurisdicción especial para la paz (JEP) presentadas por el gobierno de Colombia, que tienen un respaldo político de partidos religiosos, están impidiendo la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC en 2019. Esto pone en grave situación a las mujeres y niñas, quienes son las más afectadas en situaciones de conflicto.
En el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia que el gobierno presentó al Congreso se eliminan las disposiciones en relación a población LGBTI.
En Perú intento de derogación de leyes con enfoque de género en el ámbito de la educación y salud. Se rechaza los proyectos de ley sobre derecho al aborto en caso de violencia sexual, derecho a la identidad, matrimonio igualitario.
Impunidad y falta de respuesta institucional (de Estado) a las denuncias y procesos ligados a violencia de género.
Estigmatización y criminalización contra movimientos de mujeres y defensores de derechos humanos y comunidades LGBTI en toda la región. Aumento en el discurso misógino, sexista y homofóbico de los líderes políticos en los últimos años ha normalizado la violencia contra las mujeres defensoras de los derechos humanos. En algunos casos, quienes actúan en nombre de los Estados han participado en ataques directos contra las defensoras y sus familias. Las mujeres, las niñas y miembros de la comunidad LGBTI defensoras de los derechos humanos están enfrentando una mayor represión y violencia en todo el mundo (1).
La inestabilidad política y económica que existe en diferentes países de la región ha profundizado la vulneración de derechos económicos de las mujeres, niñas y comunidad LGBTI y ha provocado la pérdida de derechos que habían sido adquiridos. Teniendo en cuenta que ya existían unas brechas de desigualdad que afectaban principalmente a mujeres, niñas y comunidad de la diversidad sexual, esta situación pone a esta población en una situación mucho más crítica.
Las sociedades patriarcales con prácticas y normas de género tradicionales fuertemente arraigadas, producen una serie de desequilibrios de poder que son en parte responsables del incremento de casos de violencia basada en género. Hay un Incremento generalizado de la violencia contra las mujeres y niñas y comunidad LGBTI:
De las 25 naciones más violentas con las mujeres, 14 forman parte de América Latina. Según el Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL, en términos absolutos, la lista de feminicidios la encabeza Brasil (con 1.133 víctimas confirmadas en 2017). No obstante, si se compara la tasa por cada 100.000 mujeres, el fenómeno alcanza una extensión en El Salvador que no encuentra paralelo en otro país de la región: 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres. En 2016, Honduras registró 5,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres. En Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron altas tasas en 2017, iguales o superiores a 2 casos por cada 100.000 mujeres.
Las tasas de embarazo adolescente y violación reiterada de los derechos sexuales y reproductivos solo están aumentando en América Latina, donde persiste la negación de servicios de aborto en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer o niña corre peligro. En lugar de ayudar a las mujeres y jóvenes, a menudo las re victimizan y agravan su sufrimiento al negarles sus derechos humanos. 6 países de la región prohíben totalmente el aborto, mientras que la mayoría del resto lo permite únicamente en circunstancias muy limitadas. (Ver numeral 3 de la Declaración de la CoP de Género de ACT de Améica Latina)
Ausencia y oposición de una perspectiva institucional y pública y especialmente desde el sector religioso sobre la necesidad de la educación sexual integral, que les permite mantener su posición de poder e impunidad de algunos de sus miembros que han cometido o ejercen violencia (principalmente sexual) contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Esto es una constante en la mayoría de los países de la región.
En países donde hay conflicto interno como Colombia los cuerpos de las mujeres, se convierten en botines de guerra, se incrementa la violencia sexual, la violencia física y los feminicidios. El incumplimiento de los acuerdos de paz pone en riesgo a las víctimas en su mayoría mujeres. En un contexto de guerra los derechos de las mujeres pasan a un segundo plano.
En los ámbitos urbanos existe una creciente preocupación por la circulación libre en el espacio público, constatándose grandes riesgos para la integridad de las mujeres.
La desigualdad e inequidad económica y social existente en la región refuerza, amplía y profundiza las brechas creadas por el colonialismo y la cultura patriarcal. Esto también se traduce en enormes brechas en el acceso educación de calidad; a los servicios de salud; al empleo digno y / o oportunidades de mercado para los productos que producen comunidades e iniciativas que apoyamos también impiden el acceso a la seguridad social y a la protección social; a la toma de decisiones y la posibilidad de ejercer libertades.
Feminización de la pobreza, la sobre carga del rol de cuidados y trabajos domésticos. En los ámbitos rurales las mujeres siguen sin acceder al derecho a la tierra a pesar de trabajarla en forma significativa. Esto va de la mano, adicionalmente, de la vulneración de una verdadera soberanía alimentaria. (Ampliación en los puntos 6, 7 y 8 de la Declaración de la CoP de Género de ACT de Améica Latina)
Las mujeres deben destinar mayor tiempo a las actividades que le permitan obtener un ingreso para resolver problemas inmediatos en el hogar, reduciendo su disponibilidad (uso del tiempo) para el trabajo comunitario y para la construcción de redes que le permiten fortalecer su conocimiento y su capacidad para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, niñas y comunidad LGBTI.
Retos del trabajo como iglesias y OBFs
Los discursos y prácticas de algunas iglesias están reforzando estereotipos machistas y que van en contra de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, aprovechando un discurso tradicional de familia. Los sectores político-religiosos-fundamentalistas han atacado directamente al sector de mujeres y a la comunidad LGBTI, creando intolerancia y odio hacia estas personas, repudiando, denigrando y descalificando las acciones que se hacen para apoyar a estos sectores.
Contrarrestar los discursos y prácticas de los sectores religiosos conservadores promoviendo estrategias de acercamiento a las y los jóvenes para que se involucren en el trabajo de prevención de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTI, con un enfoque de género y nuevas masculinidades.
Lograr un compromiso de los diferentes niveles de las jerarquías de las iglesias para trabajar problemáticas relacionadas con la justicia de género
Ausencia de políticas de protección a la niñez y de protocolos de respuesta en caso de acoso o abuso en las iglesias. No hay políticas para la creación de lugares seguros para niños y niñas.
Ausencia de estrategias continúas para la prevención de la violencia en mujeres y adolescentes en el trabajo de iglesias y OBFS en comunidades.
Desconocimiento de leyes, políticas y rutas de atención de los gobiernos para acompañar la promoción de derechos.
Apoyo y acompañamiento en la construcción de políticas de equidad género de los miembros de ACT en la región.
Resistencias y tabúes para trabajar temas de educación sexual.
Reducción de recursos de agencias para abordar temáticas sobre salud sexual y reproductiva (Caso Nicaragua)
Enfoque asistencialista de iniciativas y proyectos de OBFs e iglesias
Promover la justicia de género frente a las corrientes fundamentalistas en la sociedad, expresadas también en los diferentes grupos religiosos
Falta de credibilidad y confianza en iglesias debido casos de abuso y acoso de niños y niñas por parte de sacerdotes y pastores.
Abordaje integral del impacto de las migraciones en las mujeres y las familias.
Considerar la interrelación entre derechos humanos, justicia económica y salud sexual y reproductiva como una estrategia de desarrollo en poblaciones vulnerables.
Articulación y participación para implementación de la Agenda 2030, en especial el ODS 5.
Algunas iglesias apoyan redes territoriales de mujeres, pero falta mayor capacitación en involucramiento. Es necesario un rol más activo de actores de fe en plataformas y redes territoriales que promueven los derechos de las mujeres, niñas.
Uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación para construir una narrativa que contribuya a la equidad, ayude a la deconstrucción de estereotipos de género y promueva nuevas masculinidades.
Oportunidades para el trabajo desde las iglesias y OBFs
(Complemento del llamado a la acción de la Declaración de la CoP de género de ACT América Latina y Caribe)
Organizaciones de base y comunitarias tienen buena valoración de herramientas y proyectos promovidos por OBFs que brindan oportunidades de empoderamiento económico de las mujeres y sus familias, en ámbitos rurales y urbanos y en condiciones de producción más justas.
Existe demanda de una dimensión de espiritualidad que acompañe las angustias y desafíos de las comunidades, e incluso que ilumine una nueva forma de vínculos entre mujeres y varones.
Aumento de la capacidad de movilización de las mujeres negras en relación a causas locales que privilegian la intersección de género, etnia, construcción de autoestima, identidad y cultura negra con protagonismo dentro del movimiento feminista más amplio.
Comunidades de fe y comunidades eclesiales de base, han mostrado ser un espacio potencial de discusión de las temáticas de género y de sexualidad, en ellas hay espacios de convivencia y de lazo comunitario donde la discusión de estos temas también se humaniza y puede acercarse más a las personas y generar un ambiente favorable para sensibilizar sobre los derechos de mujeres y niñas y propiciar la reflexión para promover una cultura de equidad e inclusión.
Los movimientos de mujeres y organizaciones sociales están abiertos a cooperar con comunidades de fe para trabajar en conjunto estrategias contra la violencia de género y en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
Los espacios de iglesias destinados a hogares, comedores, centros infantiles son ambientes que pueden potenciarse y convertirse en ambientes de acogida para trabajar temas de género.
Ayudar a empoderar a líderes y lideresas religiosas en diferentes espacios en los que puedan incidir a favor de la justicia de género.
Aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación que tenemos y desarrollar más y mejores vínculos con medios de comunicación para propiciar la inclusión y deconstrucción de estereotipos de género.
Promover intercambios de experiencias y apoyos entre los miembros y foros de ACT para encarar la injusticia de género.
Se están generando espacios entre organizaciones feministas y LGBT con teólogas feministas y progresistas que dan una lectura diferente al contexto y realidad regional.
Propuestas y estrategias en desarrollo
Abordaje de temáticas desde la perspectiva de la fe a través del estudio contextual de la Biblia. Experiencias: Proyecto Tamar, a través del estudio bíblico se encara la realidad de la violencia sexual en Guatemala y se dan herramientas para la prevención de la misma (CEDEPCA)
Posibilidad de integrar y fortalecer redes, plataformas y alianzas locales para trabajar agendas comunes con instituciones, iglesias, presbiterios, asociaciones de mujeres, etc, que cuentan con la confianza de la población en el territorio.
En el combate a la violencia contra la mujer, el proceso de creación de redes de acogida y comunidades preparadas para recibir las denuncias y acompañar a las mujeres, trae un potencial enorme para esas articulaciones en las comunidades basadas en la fe. Experiencia: Red Religiosa de Protección a la Mujer Víctima de Violencia (Koinonia)
Apoyo y acompañamiento que fortalece la autonomía de las mujeres, la valoración de si, la confianza en las capacidades y proporciona recursos para autoconocimiento y construcción de subjetividades con mayor conciencia de las fortalezas.
Acompañar el apoyo económico a pequeños emprendimientos de las mujeres con la formación en derechos, ha contribuido eficazmente a reducir las violencias contra ellas porque les ayuda a sostener el proceso de autonomía económica y a promover un cambio cultural al interior de sus hogares y en la vida comunitaria: Experiencias: Fondos de apoyo a pequeños proyectos en América Latina.
Fortalecer y apoyar espacios de reflexión para la formación en el autocuidado y la educación sexual en comunidades educativas comunitarias, junto a padres, madres, niños, niñas y adolescentes.
Propuesta de diálogos entre organizaciones de fe conservadoras y progresistas en los temas de género, propiciando debates en los Foros ACT, sobre las diferentes posiciones al interior de cada foro, y recomponer las fuerzas para llevar el debate hacia fuera sobre fundamentalismos.
Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil, entidades locales y nacionales en el enfoque de género y masculinidades , mediante la metodología EQUINOCCIO de sensibilización en masculinidades y prevención de la violencia con hombres y mujeres en la región centroamericana, que desarrolla la FLM/SM Programa Centroamérica a través de su socia CBC.
Fortalecimiento de capacidades e incidencia política para la adopción de una política de género municipal, en Honduras, con el trabajo de la socia de la Federación Luterana Mundial en Centroamérica, Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, AMDV.
En Christian Aid se está empezando un proyecto para fortalecer capacidades de incidencia en temas de género a organizaciones basadas en la fe y al mismo tiempo generar una estrategia de incidencia regional.
(1) Relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras durante su informe anual al Consejo de Derechos Humanos, 2019