La Cámara de Diputados ratificó por amplia mayoría el Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
La iniciativa que se convirtió en ley fue aprobada por 240 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y bloques provinciales, mientras que hubo cuatro votos en contra y dos abstenciones.
El tratado, conocido como Acuerdo de Escazú por el distrito costarricense homónimo donde fue firmado en 2018, busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.
Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Si bien de los 33 países que integran la región, solo 22 firmaron este tratado, aunque hasta no obtener la ratificación por parte de 11 de los estados firmantes, el Acuerdo de Escazú no entrará en plena vigencia.
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